La baja percepción del riesgo al circular y la poca concienciación de la población son algunas de las causas de la siniestralidad vial
Las cifras
Durante el primer semestre de este año, se han contabilizado 47 fallecidos menos a causa de los accidentes de tráfico en relación al mismo período de 2018 (descenso del 17,5%). Según el informe que Unasev (Unidad Nacional de Seguridad Vial) realiza cada semestre, las cifras señalan que la totalidad de muertos durante el período enero-junio fue de 221.
En 2018, el total estuvo en 528 personas fallecidas a consecuencia de la siniestralidad vial. Esta cantidad adquiere un mayor relieve si se compara con el número de muertos contabilizados ese mismo año como resultado de los homicidios: 414. Lo que significa que el número de muertos a causa de la inseguridad vial fue un 27,5% mayor que las generadas por la delincuencia.
Ante esta situación, el director de Unasev, Martín Elgue, en representación del Partido Nacional ha concluido que “hay una baja percepción del riesgo que significa circular en la vía pública” y que “se necesita conscientizar a la población”.
La creación de Unasev
La Unidad Nacional de Seguridad Vial se creó en 2007 a causa de una problemática de la que las autoridades del SMU (Sindicado Médico del Uruguay) hacía tiempo que estaban avisando.
Según Gerardo Barrios, expresidente de Unasev y actual coordinador de la Unidad de Análisis de Siniestralidad y Lesividad de la IM (Intendencia de Montevideo), la ausencia de una política de seguridad vial en Uruguay, fruto de hacer invisible el problema del tráfico, fue un factor definitivo para que surgiera el organismo rector en materia de tráfico a través de la sanción de la Ley 18.113.
La Comisión de Prevención de los Accidentes de Tráfico, creada en 1994 y que depende del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se encargaba hasta ese momento de la seguridad ciudadana en la vía pública, pero, según señala Gerardo Barrios, “pasó totalmente inadvertida durante 13 años ya que no tomó ninguna iniciativa”.
El propósito de Unasev
Fue creada a través de la Ley 18.113, promulgada el 18 de abril de 2007. Su propósito es el desarrollo de la seguridad vial en todo el país fomentando conductas de convivencia armónica de los usuarios de la vía pública, con la intención de proteger la vida y la integridad psicofísica de las personas y colaborar en la preservación del orden y la seguridad vial en las vías públicas.
Trabaja en el espacio de la Presidencia de la República y cuenta con autonomía técnica porque puede comunicarse directamente con los entes autónomos, servicios descentralizados y resto de órganos del Estado.
La Unidad está dirigida por una Comisión Directiva formada por tres miembros (presidente, director y secretario ejecutivo) escogidos por el Presidente de la República actuando con el Ministro de Transporte y Obras Públicas. Asimismo confecciona y propone al Poder Ejecutivo la política nacional de seguridad vial que rige el país.
Cuando Gerardo Barrios inició su gestión en Unasev, en 2007, la tasa de mortalidad en siniestros de tráfico estaba en 20 fallecidos cada 100.000 habitantes. Esta situación colocaba al país en una posición desfavorable a nivel internacional que pudo cambiarse cuando ese organismo empezó a funcionar.
En 2016, la tasa de mortalidad se adecuó a 12,8 fallecidos por 100.000 habitantes. No obstante, en 2017 la tendencia que había conseguido que Uruguay se posicionara dentro de los “Objetivos del decenio” de la OMS (Organización Mundial de la Salud) se alteró. A partir de ese año, la tasa de muertes inició su ascenso.
Percepción del riesgo
La pregunta que surge es que, si la situación antes de 2007 era tan preocupante, ¿por qué no se implementaron con anterioridad acciones decisivas para intentar compensarla? El actual director de la Unidad explica que todavía hoy a la población le sigue faltando concienciación. “El año pasado murieron más de 400 personas en homicidios y es una alarma pública. Sin embargo, en accidentes de tránsito murieron más personas que en homicidios y la gente no percibe ese riesgo. Hoy hay más posibilidades de que se muera una persona como consecuencia de un accidente de tránsito a que muera por una rapiña [robo]”.
Por otro lado, el expresidente de Unasev entiende la falta de acción como el resultado de años de posturas personales de los políticos (el “a mí me parece”) que además designaban como responsables de los siniestros a los ciudadanos arguyendo que eran consecuencia de la falta de respeto a las normas de tráfico.
El director del ISEV (Instituto de Seguridad Vial del Uruguay), Arturo Borges, ha declarado que “vamos a seguir teniendo muertos por la bajísima percepción de riesgo que tienen los ciudadanos”. Tras la creación de Unasev, si se comparan los datos de Uruguay con los de la Unión Europea (UE), los resultados no son positivos.
En países como España, las cifras en 2016 estaban en 36 muertes por millón de habitantes, unas tres veces menos que los fallecidos en Uruguay. En relación a estos datos, Barrios aclara que “lo que está demostrado en el mundo, basado en evidencia, es que si los gobiernos desarrollan políticas adecuadas, la mortalidad y la lesividad en la vía pública disminuye drásticamente”.
La UE coopera estrechamente con las autoridades de seguridad vial de los países miembros partiendo de los proyectos de cada país, implantan objetivos y trabajan en infraestructura, seguridad de los vehículos, respuesta de los servicios de emergencia y educación de la población, entre otros aspectos. Tienen instaurado un plan de Orientaciones políticas relativo a la seguridad vial para los años 2011-2020 y, según declaran en su web, la UE “aprueba legislación, apoya campañas de sensibilización, ayuda a intercambiar experiencias útiles a los países miembros y demás instancias que intervienen en la seguridad vial y ofrece financiación”.
El uso de las palabras apropiadas
De forma habitual las personas hacen referencia a accidentes y no a siniestros de tráfico. Gerardo Barrios piensa que esa es una de las causas implícitas que condicionaban la actuación del Estado ante este problema. Este fue el motivo por el cual el SMU, con Barrios al frente, cambió la terminología y ubicó en la agenda pública y política la temática como una materia a prevenir porque “la propia definición del tema hace que la posición del Estado como protector de la vida de sus ciudadanos sea diferente”.
En relación a esto, Federico Tucci, de la Fundación Gonzalo Rodríguez, ha declarado que “los siniestros no son aleatorios ni imprevisibles, donde usualmente están acompañados por corresponsabilidades, como puede ser falta de señalización e iluminación adecuada, mala construcción de la infraestructura vial o carencia de responsabilidad al manejar (conducir en estado de ebriedad, utilizar el celular mientras se maneja o conducir a exceso de velocidad). Solo puede hablarse de siniestro involuntario cuando se alude a la parte pasiva de la acción, es decir, a quien se involucra en un siniestro de tránsito sin poder evitarlo. Porque salvo la intervención de la naturaleza o procesos orgánicos fisiológicos del ser humano, gran parte de los siniestros son prevenibles y evitables”.
La siniestralidad en cifras
Diariamente ingresan en el CTI (Centro de Tratamiento Intensivo) 9 personas a causa de los accidentes de tráfico. Según el director de Unasev, el promedio de días en el Centro es de 14. La pregunta que surge de estos datos es ¿cuánto ha de pagar en CTI el Estado uruguayo por los siniestros de tráfico, camas de hospitalización, operaciones, seguros de paro, pensiones por fallecimiento?
La respuesta de Martín Elgue es que “entre dos y cuatro puntos de PBI de le van al Estado en siniestros de tránsito”, añadiendo para reafirmar su visión que “de todo lo que Uruguay gana de la venta de soja de todo el país en un año, ni siquiera esa ganancia da para cubrir los costos por accidentes de tránsito”.
El ejemplo de Arturo Borges es que “por siniestralidad vial se pierden anualmente 1.500 millones de dólares, que es aproximadamente lo que recibió Uruguay gracias al turismo en el último año. Estas pérdidas llamadas “costos asociados” se originan en costos médicos, pérdidas de productividad, pérdidas por ausentismo y acompañamiento de víctimas o disminución de la producción”. Añadiendo que “es el Estado quien asume los costos de pensiones por discapacidad lo que jaquea económicamente al Banco de Previsión Social”.
Fuente: Ecos Uruguay
