Además de las infraestructuras designadas al transporte público
En la actualidad, el Gobierno trabaja en una Ley de Cambio Climático y Transición Energética para poder aprobar un marco regulatorio conveniente que permita desacoplar definitivamente el incremento de la economía española con las emisiones de gases de efecto invernadero para luchar contra el cambio climático.
Un ámbito instrumental que facilite esta transformación energética y una economía totalmente sin carbón.
Desde la Confederación Española de Transporte en Autobús, Confebús, se ha realizado un estudio del impacto que tendría esta Ley en el sector del transporte de viajeros en autobús y autocar.
Con ella la Ley aplica el principio de “quien contamina paga” y además también valora la necesidad de implantar la Euroviñeta en España.
Futura Ley
Asimismo, la futura Ley prohibirá desde el momento en que entre en vigor cualquier nueva subvención o cualquier otro reclamo económico para ayudar al consumo de combustibles fósiles, también solicitará al Ministerio de Hacienda que identifique todas ayudas y medidas fiscales, en un año, que fomenten el consumo de combustibles fósiles con la intención de fijar un calendario para su revisión.
Todo ello podría dejar huella en la figura del gasóleo profesional.
Obligación para grandes municipios
Igualmente, los municipios con más de 50.000 habitantes estarán en la obligación de incorporar medidas para mitigar las emisiones derivadas de la movilidad en los planes de ordenación urbana, exhortándolas a que establezcan medidas para crear zonas de bajas emisiones antes de 2023, con la intención de mejorar y utilizar la red de transporte público, o para electrificarla, y otros combustible sin emisiones de gases de efecto invernadero, como por ejemplo el metano.
Tendrá en cuenta el impacto del cambio climático en la planificación y la gestión de las infraestructuras de transporte, y los pliegos de contratación en licitaciones de la administración central tendrán que incluir criterios de reducción de emisiones y huella de carbono.
Impacto en los Presupuestos
El 20% de los Presupuesto Generales del Estado, como mínimo, tendrán impacto positivo en el cambio climático y será el Ministerio de Hacienda quien deba exponer propuestas que aseguren que la financiación de las comunidades autónomas y el acuerdo sobre atribución de fondos incorporen condiciones climáticas en las políticas y en las inversiones co-financiadas de infraestructuras y movilidad.
Soluciones cambio climático
De la misma manera, con esta ley el Gobierno quiere, a partir de 2030, prohibir la venta de turismos y vehículos ligeros que emitan directamente dióxido de carbono y que no tengan un propósito comercial.
La previsión es que, para 2050, el parque vehicular no tenga emisiones directas de CO2.
En relación a este propósito, la Confederación ha llevado a cabo un estudio en el cual lamenta que la nueva Ley no aproveche para favorecer el uso de sistemas de transporte que sean más eficientes en los servicios públicos y colectivos de transporte en autobús, a través de la creación de planes y líneas de ayudas compaginados con el resto de administraciones públicas para impulsar el cambio gradual del parque actual de vehículos por las tecnologías limpias que, con un principio de neutralidad tecnológica, proporcionen una mejor garantía de movilidad sostenible y unos servicios de transporte.
Opinión de ConfeBús
Confebús estima que debe exigir a los municipios que superan los 50.000 habitantes que realicen la totalidad de medidas de mitigación climática de manera coordinada con la totalidad de administraciones públicas y de común acuerdo con los agentes sociales, llevando a cabo informes de impacto económico, social y medioambiental previamente, fijando calendarios de actuación realistas y asumibles, y dando información anticipada y completa sobre estas medidas contra el cambio climético y cuál será su impacto.
Entre las medidas de mitigación que deben llevar a cabo estos municipios, también debe ser considerada la mejora de las infraestructuras dedicadas al transporte público, posibilitando así la implantación de carriles bus, plataformas reservadas, medidas de priorización de la circulación y reformas viarias enfocadas a la reducción de las externalidades del tráfico y mejora de la calidad del servicio público y colectivo, que además pueden englobar el desarrollo de planes de modernización y rediseño de intercambiadores y estaciones de autobuses que faciliten transbordos y movilidad sostenible en las conexiones de última milla en estos núcleos de más de 50.000 habitantes.
Reformas Solicitadas
Para finalizar, la Confederación Española de Transporte en Autobús apremia para que esta nueva ley considere la realización de reformas fiscales que repercutan en la sostenibilidad y favorezcan un mayor y mejor uso del transporte público como:
- El impuesto al carbono deducible para empresas de transporte de viajeros.
- La deducción del abono de transporte público en el IRPF.
- Peajes urbanos a la congestión cuya recaudación vaya totalmente a la financiación y mejora del transporte público.
Fuente: ConfeBus
