El estado es responsable de la gestión de la velocidad y de todo lo que ayude en su regulación y control de los excesos
Límites de velocidad
Ante una señal que indica que la un límite de velocidad de 60 km, que la respetemos no tendría que estar relacionado con la posibilidad de ganarnos una multa o de lo caro que resultara la misma. Lo que deberíamos hacer al verla es estar atentos, si las autoridades nos están pidiendo que disminuyamos la velocidad es porque existe algún motivo.
Otro debate es si la cantidad de la sanción es la adecuada o si aplicamos el sistema de puntos o no. Ante los índices de siniestralidad argentinos (unas 5.000 víctimas mortales anuales), si no respetamos las normas de tráfico, nunca podremos mejorar y seguiremos acumulando fallecidos en las carreteras.
Situación en Argentina
Lo que sucede aquí es que pensamos que fuera de Argentina todo funciona bien: “alquilás un auto [en Europa o USA] y ya viene con sillitas para bebé” o “el auto de alquiler directamente no funciona si usas el GPS”.
Pero incluso aquí, si circulamos por Chile o Brasil, cuyas carreteras están totalmente “radarizadas”, no nos preguntamos si la fotomulta es constitucional o una excusa para recaudar.
Mientras aquí existan normas que regulan la velocidad máxima y se nos avise a través de carteles, no podremos hablar de inconstitucionalidad porque ningún derecho a la libre circulación está siendo obstruido.
En la actualidad, en Argentina, el Estado de manera directa o a través de terceros puede ubicar cinemómetros (dispositivo para medir la velocidad). Estos deben estar homologados, calibrados y disponer de los permisos necesarios de vialidad nacional o provincial, además de cumplir con la habilitación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial mediante “disposición de uso”.
OMS
La OMS (Organización Mundial de la Salud) realizó en 2017 un informe titulado “La gestión de la velocidad es esencial para salvar vidas y mejorar la vida de las ciudades”. En este informe avisó de que los siniestros de tráfico continuaban siendo la causa principal de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años. También señalaba que el coste para los países de esos siniestros estaba entre el 3 y el 5% de su PIB (Producto Interior Bruto) y sumían a muchas familias en la pobreza.
Por ello, solicitaba a los gobiernos el incremento de las medidas de prevención de las muertes y los traumatismos en la carretera, además de colaborar en la mejora de la salud de las personas y en la sostenibilidad de la vida en las ciudades.
El Estado y la velocidad
El Estado debe ser responsable de gestionar la velocidad y todo lo relacionado con la regulación y el control de los excesos debe celebrarse. Pecaríamos de ingenuos si no habláramos de los “listillos” que hacen uso de la tecnología para conseguir beneficios personales.
Pero lo que no debemos permitir es que este debate se adultere y se demonice aquellos sistemas que posibilitan el control de manera permanente, además de ayudar en la mejora de la seguridad vial. Para que no continúen las muertes de más argentinos en las carreteras, se necesita cultura y fiscalización.
Fuente: Río Negro
