Al dolor emocional que padecen tanto víctimas como familiares, se le añade el gran impacto económico para el país y su sistema público
Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), más de 1,2 millones de personas mueren anualmente en siniestros viales. La mayor parte de los fallecidos, un 60%, están entre los 15 y los 44 años; y más de 50 millones padecen lesiones graves.
Esta es la razón por la que los siniestros de tráfico constituyen la principal causa de muerte prematura y también de discapacidad entre los jóvenes de 15 a 29 años. No obstante, según indica el informe “Estrategia de Seguridad Vial. Resultados del primer quinquenio y plan de acción 2016-2020”, este azote “no recibe la atención social ni política apropiada y proporcional con la magnitud del problema público. En gran medida, se debe a que los esfuerzos para reducir los siniestros se realizan de manera descoordinada y aislada”.
La siniestralidad vial ocasiona un gran dolor emocional, tanto a las víctimas como a sus familiares, pero también produce daños en los sistemas de salud y en la sociedad. Según organismos internacionales, los accidentes de tráfico demandan anualmente aproximadamente U$S 518 billones. Lo que supone entre el 1 y el 5% del PBI (Producto Bruto Interior) de cada país. Si esta es la tendencia que va a continuar produciéndose, el gasto anual para 2036 ascendería a U$S 30 trillones.
Argentina no cuenta con cifras oficiales, pero desde el Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV), Eduardo Bertotti, su director, subraya que, “imitando metodologías internacionales probadas en la confección de una matriz de costos básicos sociales derivados de los siniestros graves de tránsito”, en 2017 el gasto para el país ascendió a no menos de U$S 9.170 millones (el 1,8% del PBI). Allí se refleja cuánto le cuesta a la sociedad los incidentes graves “en forma directa y prácticamente inmediata”.
Lo que quiere decir que quedaría añadir otros elementos como lucro cesante, gastos derivados de la reparación o pérdida del vehículo, valores de reposición de infraestructura del entorno, costes de rehabilitación y pérdida de la expectativa laboral, además de los ocasionados por los trámites administrativos y legales.
El director del ISEV explica que “el costo total –que incluye, además, a la inmensa cantidad de siniestros leves– supera ampliamente la cifra entre 9 y 10 veces más”.
Las lesiones que se ocasionan producen muchas dificultades financieras, tanto a nivel personal como familiar. Y estos trastornos también repercuten a la comunidad y, de manera puntual, al sistema de salud, que normalmente ya se encuentra sobrecargado; la OMS nombra la ocupación de camas en los hospitales, el consumo de recursos y considerables pérdidas de productividad y prosperidad.
Según un estudio de la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) de 2012, “durante las primeras 24 horas de ocurrido un siniestro de tránsito, sus víctimas consumen los mayores gastos en salud, donde ítems como traslados, atención de urgencia, transfusión, terapia intensiva, cirugía, traumatología, prótesis, neurología, sueros y medicamentos concentran gran cantidad de recursos económicos”, además hay que añadir los tecnológicos y los humanos que no pueden ser empleados para otro tipo de urgencias o cirugías programadas.
Ante este panorama hay mucho trabajo por hacer, como la aplicación de políticas y estrategias que protejan a los más débiles: peatones, motoristas y ciclistas que, tal como indica la OMS, suponen el 49% de los fallecidos en incidentes de tráfico. Asimismo, se deben realizar campañas que cambien la percepción del peligro de morir atropellado o en una colisión porque “la gente cree que es mínima en comparación con la realidad”, según indica Marisela Ponce de León, área Estratégica de Seguridad Vial del BID (Banco Interamericano de Desarrollo). Gador Manzano, especialista en Comunicación del BID, aclara que “las posibilidades de morir en un accidente de tránsito es una en 122 mientras que por un cáncer son una en seis y en un accidente aéreo, una en 205.552”.
Como sujetos, no deberíamos aceptar llevar en nuestro coche más pasajeros de los que pueden utilizar el cinturón de seguridad, ni tampoco niños sin sistema de retención infantil. Como personas pertenecientes a una comunidad, es básico trabajar en infraestructuras, transporte, salud, policía, ciudadanos, medios de comunicación, ONG y poderes del Estado.
Asimismo, el gobierno debería exigir la fabricación de vehículos que cumplieran con algunos requerimientos y condiciones mínimas, tal como recomienda la ONU (Naciones Unidas). Alejandro Furas es secretario general de Seguridad Vehicular Latin NCAP, una ONG que trabaja en la evaluación de vehículos nuevos, y explica que “América Latina está atrasada 22 años con respecto a Europa en función de las normativas de seguridad de los autos” porque ningún gobierno latinoamericano ha firmado los acuerdos establecidos por la ONU.
Se debe especificar que la ONU constituye normas en relación a lo mínimo precisado para sobrevivir a una colisión; mientras que NCAP lo hace en función de que los ocupantes mantengan su integridad física.
Además, también es necesario legislar, y hacer que se cumplan las normas, teniendo en cuenta factores de riesgo como la velocidad y el alcohol, el uso de cascos, cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil. Sin embargo, la Ley Nacional de Tránsito argentina no se encuentra vigente en todo su territorio porque, al ser un país federal, cada provincia se adhiere o no a las normas propuestas.
Fuente: banegocios.com
